Diputaciones reclaman autonomía para decidir sus inversiones

Mon Jun 19 14:50:00 CEST 2017

Diputaciones reclaman autonomía para decidir sus inversiones

Granada ha sido el escenario de un nuevo encuentro del foro en el que convergen las Diputaciones de Cádiz, Sevilla, Granada, Huelva, Córdoba y Jaén. La reunión ha permitido reiterar, al Gobierno de España, una reclamación compartida: poder decidir el destino de las inversiones que estén financiadas con los remanentes del superávit presupuestario. En el caso de la provincia de Cádiz, Irene García ha precisado que Diputación dispone de 23´2 millones de euros –tras la liquidación del ejercicio de 2016- que esperan la decisión del Ejecutivo estatal para ser aplicados como inversiones productivas.

La presidenta de la Diputación de Cádiz ha manifestado que “el Gobierno debe respetar la autonomía local”, de manera que los Ayuntamientos también puedan decidir las inversiones que realmente necesita la población. En el año 2016 se autorizó la cobertura de inversiones, siempre que cumplieran el criterio de ser “financieramente sostenibles”; es decir: que no comportasen nuevos gastos de personal para su mantenimiento posterior. Ahora, las Diputaciones que se han reunido en Granada, defienden que debe vencerse esta restricción, considerando el rigor que han demostrado las entidades locales en la gestión de sus recursos económicos conforme a los requisitos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Irene García ha valorado el desempeño de Diputación en el desarrollo de instrumentos que han permitido “afianzar servicios públicos, crear empleo e incentivar inversiones”. Una tendencia que podrá fortalecerse si el Gobierno estatal autoriza la reinversión de los 23´2 millones de euros procedentes del presupuesto de 2016. La presidenta de Diputación ha citado las dos ediciones de los planes de empleo (planes de cooperación local) o el Plan Invierte como exponentes de los beneficios de esta política inversora. El Pleno de la Diputación celebrado en mayo aprobó por unanimidad esta reclamación al Ejecutivo central; una solicitud que también está avalada por los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz, UGT y Comisiones Obreras.

Los presidentes de las instituciones provinciales han insistido en que no están de acuerdo en que una buena parte del superávit tenga que destinarse a amortizar deuda. En una comparecencia pública, el representante de la Diputación de Granada, José Entrena, ha destacado como ejemplo que la institución que preside cierra el ejercicio pasado con un superávit de 43,6 millones, de los que 18,2 tienen que dedicarse a amortizar deuda cuando podrían invertirse para cubrir necesidades de los municipios de la provincia.

En este asunto ha incidido el presidente de la Diputación de Sevilla y presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, quien ha asegurado que el 70% de las entidades locales de Andalucía tienen superávit. En este sentido, ha destacado que el superávit de los ayuntamientos andaluces asciende a 1.200 millones, a lo que habría que sumar 200 millones de las diputaciones andaluzas. “Queremos autonomía local para decidir en qué gastar el superávit”, ha afirmado Villalobos. En el encuentro también han intervenido los presidentes de las Diputaciones de Jaén (Francisco Reyes), Córdoba (Antonio Ruiz) y Huelva (Ignacio Caraballo).

Además, en esta plataforma de Diputaciones se han compartido experiencias sobre la implantación de la administración electrónica en los municipios. También se han abordado la situación de las plantillas de las instituciones; sobre este último asunto han explicado los problemas de gestión que se están padeciendo a tenor de las dificultades para cubrir las plazas del personal que se jubila. En consecuencia han planteado llevar una iniciativa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para pedir al Gobierno que las instituciones provinciales puedan hacer una oferta de empleo público para cubrir las vacantes.

Entre los asuntos tratados en la reunión destacan también el Plan de Caminos Vecinales que podrán en marcha las diputaciones a través de un convenio firmado con la Junta de Andalucía y que supondrá una inversión de 66,5 millones en la comunidad y la aplicación del grado 1 de la Ley de Dependencia.